La Columna del Presidente

Organizaciones locales ya no participarán en comicios.

A menos de un año para las próximas elecciones regionales y municipales, que tendrán lugar en octubre del 2018, el Congreso de la República ha incorporado importantes modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas y de Elecciones Municipales, para terminar con la informalidad política y para evitar que personajes condenados por la justicia con sentencia firme accedan a cargos por elección popular.

Según las modificaciones, los movimientos distritales y provinciales no podrán participar en las próximas elecciones, salvo aquellas organizaciones que compraron un kit electoral, reúnan las firmas suficientes, las presenten en el plazo establecido y sean debidamente validadas, para lograr su inscripción hasta el 10 de enero próximo.

Estas agrupaciones locales, que generalmente responden a intereses personales, familiares o de grupo, no están obligadas a cumplir con la democracia interna ni son fiscalizadas cuando cometen alguna infracción electoral, con lo que se afecta la democracia representativa. Por lo que con esta norma se busca fortalecer a las agrupaciones políticas nacionales y se eliminan a los movimientos locales y distritales.

Asimismo, no podrán participar como candidatos las personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación (atentado contra la libertad sexual) y corrupción (defraudación de los recursos públicos). Esta prohibición, sin embargo, no afecta a quienes hayan recibido “un indulto razonado o especial” (se entiende a los condenados por razones políticas), concedido por las autoridades y no mediante vía judicial.

La proliferación de movimientos que aparecen en cada elección pugnando por una cuota de poder, y luego desaparecen por estar al margen de las organizaciones políticas debidamente institucionalizadas, es nociva y distorsiona los esfuerzos de los partidos democráticos por consolidar una representatividad legitimada.

Los antecedentes muestran que en varias jurisdicciones los promotores y “financistas” de esos movimientos (muchos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal o la tala ilegal) son caciques que pugnan por acceder a un cargo electivo para usufructuar los recursos públicos, como lo muestran los alcaldes y gobernadores hoy en prisión o procesados por malos manejos.

En cuanto a la reforma política que cierra el acceso a las candidaturas de las personas que han tenido condenas firmes y consentidas constituye un gran paso para adecentar la política, que en su auténtico sentido es el ejercicio del poder para servir a la colectividad (con respeto a la Constitución y a las leyes), y no servirse de ella.

Estos cambios legislativos constituyen un primer paso para acabar no solo con la proliferación de organizaciones y movimientos que “oportunistamente” se forman en cada proceso distorsionando la voluntad popular, sino también con la informalidad política propiciada por grupos que desaparecen al término de las elecciones, tras utilizar los comicios como un trampolín para acceder a un cargo electivo.

Las modificaciones, que además permitirán la elección de mejores alcaldes en las próximas elecciones municipales y la mejora sustantiva de la composición del próximo Congreso de la República, constituyen un avance importante para fortalecer a los partidos políticos, cuya democracia interna y financiamiento de sus campañas deben de igual modo asegurarse y transparentarse.

Las democracias representativas más avanzadas en el mundo se sustentan en pocos partidos políticos debidamente organizados a nivel nacional, con ideario, normas y reglamentos, así como estamentos dirigenciales debidamente reconocidos, y donde sus candidatos electos y en ejercicio rinden periódicamente cuenta de su gestión no solo al país, sino también a sus respectivos partidos políticos, que avalan y se responsabilizan por sus actos.

Las cámaras de comercio regionales consideran que, sin menoscabo del derecho de todos los ciudadanos de elegir y ser elegidos, se deben, asimismo, incorporar medidas que aseguren la capacidad de gestión y sobre todo la honestidad para un desempeño eficaz y transparente de las autoridades elegidas.

 

Yolanda Torriani del Castillo
Presidente de PERUCÁMARAS